9 de febrero de 2025

La reconfiguración de la oposición en Argentina: “El orgullo antifascista y antirracista” marcha contra las políticas regresivas de Javier Milei

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Por Carolina Flores

El último discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, junto con el proyecto de ley de «Igualdad ante la Ley» y los ataques sistemáticos impulsados por voceros oficiales y a través de redes sociales contra los transfeminismos y el colectivo de diversidad sexual y de género, obliga a reflexionar sobre la forma en que el gobierno utiliza esta agenda y sus repercusiones. Al mismo tiempo que estos hechos reafirman una línea política discriminatoria y antiderechos, han consolidado un amplio sector opositor en Argentina que rechaza estas políticas regresivas.

Milei y la estrategia de polarización

En su intervención en Davos, Milei atacó abiertamente a las diversidades sexuales, vinculándolas con la “ideología woke”, una etiqueta que, según su discurso, engloba las «aberrantes» ideas del colectivismo, el socialismo, el progresismo y los feminismos, las cuales –según su visión– socavan los valores de la libertad económica y la moral tradicional. Sus palabras reflejan una estrategia política orientada a polarizar y movilizar a sectores conservadores en un contexto de crisis social y económica. También responden a una estrategia discursiva que busca encuadrar el debate en términos impuestos por el gobierno, etiquetando y agrupando a sus adversarios bajo un mismo concepto descalificatorio.

Milei demoniza la distribución de la riqueza, la justicia social y la intervención estatal, presentándolos como antagonistas de su modelo basado en la acumulación, la desigualdad y la reducción del Estado. Como ya se analizó en Milei en Davos: un apóstol del mercado y el nuevo colonialismo, este discurso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un proyecto de desmantelamiento de derechos y de deshumanización de la economía y la gestión estatal. Esto se traduce en iniciativas legislativas como la de «Igualdad ante la Ley», que, bajo la premisa de eliminar privilegios, en realidad busca desarticular políticas públicas de equidad de género y diversidad.

Este proyecto de ley propone la eliminación de normativas que garantizan derechos específicos a grupos históricamente vulnerabilizados. Plantea la derogación de leyes que establecen medidas de acción afirmativa, como los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal. Entre las disposiciones que podrían modificarse o derogarse se encuentran la Ley de Identidad de Género (26.743), que reconoce el derecho de las personas trans a su identidad autopercibida, y la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans (27.636), que garantiza un mínimo de empleo en el sector público para este colectivo. También se han señalado intentos de revisar normativas vinculadas a la Ley Micaela (27.499), que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para funcionarios del Estado, y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485).

Cabe recordar que cada una de estas normativas fue sancionada y aprobada legítimamente, conforme a los procedimientos parlamentarios y constitucionales. Los debates y consensos alcanzados en cada caso incluyeron a oficialistas y opositores, así como la activa participación de sectores sociales y políticos organizados. Por ejemplo, la Ley Micaela, que lleva el nombre de Micaela García, víctima de un feminicidio, se aprobó luego de la presentación de 13 proyectos que proponían la formación obligatoria en género para trabajadores del sector público. Finalmente, fue sancionada en 2018 con un amplio consenso interpartidario: en la Cámara de Diputados, solo un legislador votó en contra y en el Senado fue aprobada por unanimidad, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El fantasma del género y la propagación del pánico moral

Desde una perspectiva teórica, las advertencias de Gayle Rubin y Judith Butler permiten comprender la dimensión de estos ataques. Rubin, en su ensayo clásico Thinking Sex, publicado hace cuatro décadas, afirmaba que la sexualidad se convierte en un campo de batalla en tiempos de crisis social, funcionando como un espacio donde se proyectan ansiedades colectivas. “Es precisamente en épocas como esta, en la que tenemos que convivir con la posibilidad de una destrucción inimaginable, cuando es más probable que la gente se vuelva peligrosamente desquiciada en lo referente a la sexualidad», escribió, alertando sobre la instrumentalización de la moral sexual como mecanismo de control social.

Más recientemente, Butler, en ¿Quién le teme al género?, analiza cómo la llamada «ideología de género» ha sido construida como una amenaza ficticia por sectores conservadores. Esta estrategia busca desacreditar los estudios de género y los movimientos transfeministas y LGBTTIQ+, presentándolos como imposiciones ideológicas en lugar de luchas por derechos y reconocimiento. “Cuando la palabra género absorbe una serie de temores y se convierte en una obsesión que sirve de comodín para la derecha contemporánea, las diferentes condiciones que realmente dan lugar a esos temores pierden su nombre”. Para Butler, los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad, como la precarización laboral, el desempleo, la destrucción ambiental y la violencia, son desplazados y encapsulados en el “fantasma de la ideología de género” o, como ocurre actualmente en Argentina, el “wokismo”.

En este contexto, el gobierno amplifica estas ideas mediante discursos oficiales y una estrategia comunicacional que fomenta el odio y la desinformación. La estrategia del gobierno libertario no solo implica la supresión de derechos, sino también la desintelectualización del debate público. A través de simplificaciones extremas, descalificaciones y ataques personales, se busca deslegitimar cualquier pensamiento crítico o basado en el conocimiento académico y la experiencia histórica. Esto se refleja en el discurso de Milei en Davos, en la manipulación de casos aislados para estigmatizar a colectivos sociales y generar pánico moral. Asimismo, la falta de datos y comprobaciones estadísticas, herramientas fundamentales para el diseño de políticas públicas, demuestra una voluntad de vaciar el debate de contenido racional, reemplazándolo por un enfrentamiento emocional basado en la polarización.

La resistencia marica, transfeminista y popular

Ante este panorama, los sectores transfeministas y de la diversidad sexual han convocado a una gran movilización el sábado 1 de febrero, con puntos de encuentro en todo el país desde las 16:00 hs. Se espera una multitudinaria marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y “Plazas antifascistas” en todo el país. Bajo consignas como «Nuestros derechos no se negocian» y «Basta de discursos de odio», la manifestación busca visibilizar la resistencia a las políticas regresivas del gobierno y reafirmar la lucha por la igualdad y la justicia social.

El transfeminismo y el movimiento LGBTTIQ+ en Argentina han logrado consolidarse como espacios profundamente ligados a una agenda anticapitalista, antirracista y anticolonialista. A diferencia de otros contextos, estas luchas han sabido articularse con la clase trabajadora y los movimientos sociales, construyendo una resistencia que no solo defiende derechos individuales, sino que también impugna las desigualdades estructurales del sistema.

En este escenario, está surgiendo una oposición diversa y articulada que enfrenta este embate desde múltiples frentes: académico, político y en las calles. Si el gobierno de Milei busca consolidar su modelo a través de la confrontación y la exclusión de los sectores más vulnerables, la construcción de una alternativa democrática, inclusiva y plural es una tarea impostergable.

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