A un año de los allanamientos, la causa de “La Salada” era puro humo
Esta semana se cumplió un año de los espectaculares operativos para detener a las autoridades de las tres ferias internadas que componen el complejo “La Salada”: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña. El saldo es la nada misma.
A pesar de la puesta en escena de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exhibió frente al Departamento Central de Policía varias decenas de vehículos de alta gama secuestrados, todos los imputados por evasión, asociación ilícita y lavado de activos, fueron sobreseídos y liberados. Algunos, como el mediático Jorge Castillo, pasaron varios meses en el penal de Marcos Paz.
Si bien hubo campañas del Bapro y ARBA para facilitar la inscripción, regularización y bancarización de los feriantes, el saldo más evidente es que, tanto por la caída de ingresos como por la crisis reputacional generada, la feria pasa por un mal momento. Aún así, continúan las intervenciones propuestas por la fiscal María Cecilia Incardona e impuestas por el juez federal subrogante en Quilmes, Luis Armella.
¿Lazos con el gobierno nacional?
Por otro lado, ACUMAR, el ente tripartito con representación de las jurisdicciones nacional, bonaerense y porteña, mandó a levantar la incipiente construcción de puestos para feriantes sobre el camino de sirga del Riachuelo, del lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contaba con el permiso unilateral de la Administración General de Puertos (AGP) dependiente de nación.
El “emprendimiento” desbaratado por ACUMAR era comparable a las ferias denominadas “La Ribera”, que funcionaban en la otra margen, en el partido de Lomas de Zamora, en las inmediaciones de La Salada, contra las que hay cíclicamente operativos policiales.
La pregunta inevitable es, por qué de un lado sí y del otro no o, más específicamente, cuáles son las motivaciones de los funcionarios habilitantes. Las principales hipótesis mezclan intereses políticos y económicos.
La movida por ahora vuelve a foja cero, porque ACUMAR, que tiene jurisdicción sobre ese espacio, no registraba ni siquiera un pedido de habilitación, pero igualmente desnuda las intenciones de los funcionarios libertarios.
Mutual trucha
Nadie sabe con certeza cuánto pesó en la polémica decisión administrativa el afán de dañar a la gestión de los Macri (casi nadie sabe que esos metros cuadrados de capital son jurisdicción nacional), cuánto el afán de lucro (los puestos suelen mover mucho dinero físico, cuya ruta es más difícil de controlar) y cuanto el desconocimiento.
Lo cierto es que logró enojar por igual a vecinos y comerciantes de la zona, a autoridades del gobierno local, especialmente de la cartera de Espacio Público, en cabeza de Ignacio Baistrocchi, y a las legítimas autoridades del SUTFRA.
Ocurre que la “Mutual de Puesteros y Feriantes 22 de enero”, autorizada por la AGP para gestionar los puestos de ese paseo, se presenta como la mutual del SUTFRA, pero es una creación reciente, ideada por Alejandro Ajeibom, muy cercano a la conducción sindical que fue desplazada tras perder las elecciones en 2024 contra la actual secretario general, Mariana Berbeglia.
Ajeibom es muy cercano a Walter Godoy, que lleva varios meses detenido por estar a feriantes de La Salada. Les había pedido USD 25 mil por hacer lobby frente al juez Luis Amella. Por su parte, Berbeglia lleva ya dos años de litigio con esta gente, que todavía invoca la representación del sindicato, que ya no tiene.
Benvenuto es uno de los funcionarios que todavía resiste en su puesto desde el comienzo de la gestión. Abogado, sin antecedentes en el sector público, ni de gestión ni políticos, trabajó al servicio de empresas de los sectores energético, y de bingos y juegos de azar. El otro firmante del polémico expediente es Lucas Rueda, un abogado platense con muchos años en el PAMI que desde el año pasado se desempeña como Subgerente de Concesiones y Explotaciones Portuarias.
