EL NEGOCIO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
Julieta Goldsman
¿Quién hubiese dicho que un programa social podría terminar en una «alianza» con Burger King y Rappi? Así como leés: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viene manteniendo reuniones con directivos de estas multinacionales con las que se firmaron convenios para “transferir” parte de los programas sociales a estas empresas ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora beneficiarios de programas sociales van a incorporarse a trabajar en las filas de Burger King y Rappi.
Un poco de contexto
En nuestro país los programas sociales alcanzan a casi un millón y medio de argentinos desempleados, que trabajan en la informalidad, con trabajos ultra precarios, cartoneo, changas, venta ambulante, y que, en su mayoría, apenas alcanzan el salario mínimo. Frente a esta situación, que solo empeora con el tiempo, el estado brinda hace años una ayuda social que funciona como un complemento a los bajos salarios y que, en muchas ocasiones, tiene una contraprestación que depende únicamente de la organización de los beneficiarios de estos programas. Como el estado no se hace cargo de proveer de capacitación, infraestructura, logística o herramientas, muchos de ellos conforman cooperativas de trabajo o ponen en pie espacios comunitarios que brindan un servicio social al barrio al que pertenecen. Todo corre por cuenta de los trabajadores y su capacidad de organizarse.
Pero ahora la idea oficial con los nuevos acuerdos que impulsa el ministerio de capital humano es que quienes son beneficiarios de estos programas pasen a trabajar como repartidores y empleados en cadenas de comida rápida, transformando así los programas sociales en “empleos formales”… pero la pregunta que cabe hacernos es ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de estos convenios de “inclusión laboral”?
Una ayuda encubierta a las multinacionales
El argumento que exponen desde el gobierno y desde los directorios de las empresas, es que trabajar en Rappi o Burger King “brinda experiencia» y “permite a los trabajadores salir de la pobreza”. Con solo una bici o un delantal, como dice el propio gerente de Rappi Argentina, Franco Lena, los beneficiarios salen de su situación de vulnerabilidad. Claro, el detalle que se olvida de mencionar el gerente de Rappi es que con este acuerdo el estado argentino estaría financiando parte de los costos laborales de estas empresas. Y esto sin contar las condiciones laborales extremadamente precarias que ofrecen. Los “colaboradores”, figura que utilizan para ocultar la relación laboral que existe entre la empresa y los repartidores, trabajan a destajo hasta 10 horas diarias con una remuneración que ni siquiera contempla todos los gastos que corren por cuenta del trabajador: celular con conexión, vehículo con combustible y mantenimiento, caja para llevar los pedidos, entre otros. Ni qué hablar de cargas sociales, seguro o indemnización que ya se convirtieron en mala palabra. En definitiva, el programa estaría subsidiando el sueldo de quienes trabajen en estas empresas, que no aportan valor agregado ni ofrecen una proyección real. No estamos ante el primer «experimento» de este tipo. Ya en su momento Mauricio Macri firmó un convenio con McDonald’s para el “primer empleo” con resultados bastante cuestionables.
¿Modernización o precarización?
¿Qué tipo de trabajo están ofreciendo estas empresas? En palabras de Pettovello, “el mundo laboral de hace 80 años no existe más” y, bajo esa premisa, pinta al trabajo en las apps de delivery y en las cadenas de comida rápida como una solución mágica. Nada más lejos de la realidad: este tipo de empleos están categorizados como “precarios” no solo por las condiciones generales de trabajo y la baja calificación sino por los sueldos bajísimos que no llegan a cubrir ni la canasta básica. Mirar hacia el futuro en cuanto a lo laboral debería ir exactamente en la dirección opuesta. ¿Por qué no destinar estos fondos al desarrollo de áreas productivas que generen un valor agregado y que capaciten verdaderamente a nuestra fuerza laboral? Al final de cuentas, estas alianzas, bajo la fachada de “integración laboral” y “modernización”, sólo favorecen a empresas que aumentan sus ganancias y buscan las condiciones laborales más baratas, sin generar un desarrollo local y sin compromiso a largo plazo. Este tipo de convenios no trae trabajo de calidad ni progreso real para el país. Los programas sociales deben formar parte de un plan de empleos genuinos y productivos, que les permita a los trabajadores tener salarios dignos, dentro de leyes que los protejan y, finalmente, salir del castigo de la precarización.
