10 de febrero de 2025

Hacia un nuevo pacto democrático

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Por Daniel Gray

El gobierno que asumió el poder en 1983 prometía que “con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”. Después de cuarenta y un años de gobiernos democráticos esta promesa no ha sido cumplida. ¿La democracia ha fracasado? Sin duda los dirigentes que han surgido de nuestra democracia no han tenido la capacidad de darle tranquilidad y futuro al pueblo argentino. Y al final del camino nos trajo a Javier Milei y sus fanáticos violentos. Tal vez sea el momento de replantearnos el tipo de democracia que tenemos y cambiar sus reglas.

La nueva democracia argentina que nació en octubre de 1983 y tuvo a Raúl Alfonsín como su primer presidente tuvo la fuerza y la capacidad de llevar adelante el juicio a las Juntas Militares culpables de genocidio, evitar los distintos intentos de golpe de Estado de los “carapintadas”, mantener la institucionalidad frente a la renuncia de sus gobernantes y no tener casos reales de fraude electoral. Además, algunos de los que ocuparon la primera magistratura y otros cargos de relevancia fueron acusados por distintos delitos, juzgados y encarcelados y otros están en juicio respondiendo a las acusaciones de la fiscalía. Y todo esto manteniendo una saludable libertad de expresión y de prensa.

Sin embargo, nunca se pudo restablecer la sociedad inclusiva, igualitaria, cercana al pleno empleo, anterior a 1976.

La Casta

La democracia argentina permitió la alternancia de dirigentes, partidos e ideas en el poder. Por el gobierno pasaron radicales, progresistas, peronistas, liberales, conservadores, corruptos, honestos, católicos, musulmanes y agnósticos. Pero a medida que pasaron los años de democracia muchos problemas empeoraron: subió la desocupación, bajó la capacidad de compra del salario, las jubilaciones fueron cada vez peores, el sistema de salud no dio respuesta a las demandas y la educación pública ha perdido su calidad y capacidad innovadora. Tuvimos dos hiperinflaciones, la deuda externa ha crecido hasta impedir el desarrollo económico y la inflación sigue castigando al país. También aparecieron nuevos problemas como el narcotráfico, el hacinamiento de población y la falta de vivienda en el conurbano de Buenos Aires, la crisis de las apuestas por internet y la decadencia de los valores humanos (como la lealtad, la honradez y la solidaridad).

Javier Milei culpó de todos los problemas argentinos a la clase política en general a la que denominó “la casta”, ignorando deliberadamente el quiebre que representa la última dictadura en todos los indicadores y, más grave aún, en nuestra organización se socioeconómica.

La democracia había permitido la alternancia en el gobierno, pero Milei ponía a todos los políticos en la misma bolsa y esto fue aceptado por la población que lo votó con entusiasmo.

Con el correr de la democracia los partidos fueron perdiendo relevancia en la construcción de las candidaturas y los representantes. Las personalidades se fueron imponiendo sobre las estructuras partidarias, que pasaron a ser solamente un instrumento para utilizar en las elecciones, fenómeno que dista de ser una particularidad criolla.

Javier Milei es también resultado de ese proceso. Se crean partidos y se hacen alianzas para sostener candidaturas y los políticos no tienen ningún problema en cambiar de partido, crear partidos o cambiar de circunscripción electoral según convenga. Y esto sucede en todo el arco político. Cuando Milei habla de una “casta” señala a un grupo de personas que en el espacio del poder tienen todos estas mismas costumbres y estrategias.

Los ejemplos son abrumadores: Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Francos, Luis Juez, Florencio Randazzo, Christian Ritondo, Martín Redrado, Fernando Iglesias y se podría seguir. La lista es interminable. Si a esto le sumamos los nombres de los partidos inventados y las alianzas creadas para cada elección la información resulta tan agotadora como inútil.

A la vez que la mayoría del pueblo argentino se empobrecía y los servicios sociales empeoraban muchos integrantes de “la casta”, que siempre habían tenido cargos públicos con salarios moderado, mostraban que su patrimonio, y el de sus familiares, había crecido notablemente. Casi ningún político destacado en Argentina tiene un patrimonio acorde con sus salarios: un departamento de tres o cuatro ambientes y un buen auto. Al contrario, ya dejó de sorprender encontrar patrimonios exagerados de los políticos: casas fastuosas, yates, vacaciones en lugares exclusivos, campos, autos de alta gama.

Por todo esto, cuando Javier Milei criticaba a “la casta” el pueblo adhirió a esa crítica. No era complicado: estaba delante de nuestros ojos.

Modificar el sistema democrático

El sistema democrático argentino está fallado, por eso nos trajo a este lugar de crisis y desesperación que terminó en la votación de un personaje como Milei. Veamos la posibilidad de una serie de reformas que permita mejorar el sistema, la calidad de los representantes y la toma de decisiones.

1. Limitar la renovación de cargos. Los representantes tienden a eternizarse en distintos cargos institucionales y estatales. Pasan de diputados a senadores, a secretarios de estado, a gobernadores y se dan todas las combinaciones posibles. Se tiene que presentar una ley por la cual ninguna persona que ocupe un cargo político (eleccionario o no) lo puede hacer por más de dos mandatos presidenciales (ocho años en total). Por ejemplo, sin un diputado reelige, una vez cumplido su segundo mandato como diputado no puede tener ningún cargo público o estatal. No podrá ser secretario de estado, ni ministro, ni concejal. Por un período de cuatro años deberá volver al ámbito privado y recién después de esos cuatro años puede candidatearse para un cargo representativo u ocupar un cargo político.

2. No se puede cambiar de jurisdicción sin mediar un período de 4 años. Por ejemplo, alguien que ocupa un cargo político o de representación política por la ciudad de Buenos Aires, en el siguiente período eleccionario no puede hacerlo por la provincia de Buenos Aires. Se debe dejar pasar cuatro años sin ocupar cargos. Esto evitaría saltos de jurisdicción como los que hicieron María Eugenia Vidal (de CABA a la Provincia y de nuevo a CABA) o Jorge Macri que pasó de ser intendente de Vicente López a ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

3. No se puede ser candidato por un nuevo partido sin esperar cuatro años. Por ejemplo, un diputado está en el Congreso por el partido A, si se cambia de partido o crea un partido nuevo para candidatearse debe esperar cuatro años.

4. Se eliminan los Decretos de Necesidad y Urgencia, a menos que se trate de guerra o grave accidente climático (tornados, inundaciones, terremotos). Solamente se puede gobernar con leyes aprobadas por el Congreso Nacional.

5. Los patrimonios de lo políticos y sus familias tienen que ser evaluados por el Ministerio Público Fiscal cuando se ingresa al cargo público y cuando se retiran de esos cargos. Y esto se debe dar en todos los niveles: nacional, provincial y municipal.

6. Ningún cargo público de los tres poderes del estado puede ganar más más que el presidente de la Nación y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Tanto el presidente como los jueces de la Corte Suprema deben ganar lo mismo.

7. Solamente el presidente de la Nación puede tener auto oficial y chofer. El resto de los funcionarios deberá utilizar sus propios autos o transporte público.

¿La casta es la política?

Debatiendo sobres estas ideas, Enrique Arriaga me señaló que ninguna reforma del sistema político se puede llevar adelante sin modificar al Poder Judicial. Coincido con Arriaga en que la relación entre la aristocracia judicial y la casta política lleva décadas de un entramado en donde solamente se juzgan a políticos que han perdido el poder y, salvo excepciones, los únicos que van a la cárcel son los peronistas.

Para la justicia nuestra clase empresarial es la más honesta del universo, todos pagan sus impuestos correctamente, nadie incumple leyes laborales o previsionales, ninguno contamina o paga dádivas a los funcionarios judiciales o políticos.

El Poder Judicial es corrupto, sin duda, pero ninguno de sus integrantes va preso, ni es investigado. El reciente bochorno del cumpleaños fastuoso del fiscal Ramiro González ni siquiera es un ejemplo, al contrario, es un lugar común de la “Nomenclatura” judicial. La denuncia sobre este hecho fue rápidamente archivada. Si se investigaba a este fiscal se podría seguir con otros y eso sería una bola de nieve indetenible. Es evidente que muchos de sus principales integrantes tienen una calidad de vida y de gastos que no se corresponden con los salarios que ganan. La evidencia está delante de todos. Para que Argentina pueda darse un sistema político y social de mejor calidad es fundamental sanear el Poder Judicial. Como pasa con la casta política, a los únicos que les sirve el Poder Judicial es a la aristocracia judicial: trabajan poco, dan un mal servicio, pero sus integrantes tienen maravillosos salarios y ventajas. Y la más importante de las ventajas: no son investigados.

Estas ideas tienen la voluntad de ser un aporte al debate que tenemos que darnos para que la democracia argentina mejore su calidad y sus representantes dejen de constituir una casta privilegiada. Para que los políticos vuelvan ser ciudadanos que hacen política. Porque el objetivo de la política es la de mejorar la calidad de vida del pueblo y no la de quienes ocupan cargos de representación.

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