VIGILAR Y CASTIGAR

Mientras el gobierno festeja la baja del riesgo país y la suba de los bonos soberanos, los precios parecen estabilizarse y la imagen positiva de Milei vuelve a recuperarse Julieta Goldsman señala que la mejor forma de esconder un elefante es esconderlo en una manada de elefantes. La nueva “Ley Antimafia” que el gobierno busca promulgar le daría los instrumentos al gobierno para controlar y castigar a cualquier protesta o acción opositora. Si el plan económico no alcanza para debilitar a la sociedad y fortalecer a los capitales concentrados el uso de la violencia legítima por parte del estado, tendrá la ley que le permita desplegarse prácticamente sin límites. “Es la violencia, estúpido”.

Julieta Goldsman

A veces parece que en Argentina nada pasa por primera vez. Me explico: nuestro país está viviendo hoy, en palabras del presidente, “el mayor ajuste de la historia humana”. ¿Por qué entonces todavía reina la calma? Por un lado, queda en evidencia la existencia de un amplio disciplinamiento social -que se viene cultivando desde hace décadas- que logró asentarse en el inconsciente colectivo bajo la máscara de un conformismo resignado. El clásico cuento del “mal menor” y el “peor que ayer pero mejor que mañana” agotaron una forma de hacer política centenaria.

 En el diagnóstico, la mayoría estamos de acuerdo. Pero en lo que me quiero centrar es en la violencia. Si, la violencia. Ningún disciplinamiento, ninguna hegemonía puede existir sin la violencia (o la amenaza de violencia) permanentemente emanada, de forma simbólica, legal y material desde el Estado. Sin embargo, lo que estamos viviendo en Argentina es impactante: desde las máximas autoridades del estado hasta su ejército de militantes digitales envenenan el debate público con insultos, agresiones, sarcasmo y todas las formas de violencia verbal. A la vez que la represión de la policía a manifestaciones y protestas desalienta la movilización y participación política. Lo que ahora necesita el gobierno son nuevas leyes que fortalezcan su capacidad de control y castigo.

La historia autoritaria argentina se repite. En medio de un deterioro constante de las condiciones de vida, aumento de la pobreza, cierre masivo de empresas, protestas por despidos, jubilaciones y financiamiento universitario, el gobierno nacional de la mano de Patricia Bullrich y Luis Petri, impulsan en el Congreso un paquete de leyes en materia de Seguridad y Defensa, que ponen seriamente en cuestión el estado de derecho en Argentina. Dentro de ellas están la tenencia de armas de fuego, la Ley de Orden Público, la modificación de la Ley de Seguridad Interior y la Ley Antimafia – o Contra el Crimen Organizado-. Vamos a detenernos en esta última que ya fue aprobada en Diputados y espera a ser tratada próximamente por la Cámara Alta. Spoilers: estamos nuevamente ante una figurita repetida, repetidísima, a lo largo de la historia: represión y criminalización de opositores políticos disfrazadas de lucha contra el mal ¿Les suena?

Hasta acá todo pareciera tener cierto sentido, pero el meollo de la cuestión radica principalmente en la figura de “mafia” u “organización criminal” que introduce la ley y que define como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. En este punto la ley resulta absolutamente ambigua y poco precisa. Con esta definición podría ser considerada una mafia tanto una banda narco o una red de trata, como un club de barrio, un centro cultural y hasta organizaciones políticas, sociales o sindicales. O quizás simplemente una organización política opositora. Al mismo tiempo, el castigo que se aplique al miembro de la organización que haya cometido el delito más grave, se aplicará a todos los miembros de la misma por el solo hecho de pertenecer a ella. Además, la ley va a habilitar detenciones por averiguación de delitos, rastrillajes y allanamientos, así como la interceptación de llamadas telefónicas y otras formas de comunicación. ¿Alguien dijo dictadura?

Esta modalidad no resulta para nada nueva, se ha implementado a lo largo y ancho del mundo durante toda la historia. De hecho, la misma Patricia Bullrich tomó como inspiración para su proyecto de ley la norma de los Estados Unidos Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia. En consonancia con esto, no es de extrañar que pocas semanas atrás el embajador estadounidense, Marc Stanley, haya ordenado la instalación en Argentina de un centro regional de inteligencia para combatir el tráfico de drogas sintéticas. Lo que los funcionarios argentinos aceptaron de buen grado… y ya sabemos cómo terminan las cosas cuando países como el nuestro abren totalmente sus puertas a la injerencia de los vecinos del norte.

 Pero esto no es todo. A la Ley Antimafia se suma la modificación de la Ley de Seguridad Interior, cuya aprobación permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Según Petri “A partir de la declaración de actos terroristas (…) las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”. Esto significa que en los casos que exista una investigación judicial caratulada como terrorismo, el Comité de Crisis previsto por la ley, va a poder solicitar al Ministerio de Defensa el despliegue de efectivos militares para cumplir funciones policiales: custodiar edificios, patrullar calles, detener personas e intervenir usando la fuerza. Y esto ya comenzó. Hace pocas semanas en Rosario allanaron de forma violenta e ilegal casas de dirigentes sindicales, familiares y personas que fueron vistas en las movilizaciones contra la reforma previsional en las puertas de la legislatura provincial. La única justificación para los allanamientos fue esa, la participación en las protestas.

Están poniendo en marcha sus verdaderos planes con laboratorios a cielo abierto hasta encontrar algún tipo de resistencia. Necesitan preparar el terreno para lo que se viene y, una vez aprobado el paquete de leyes que enviaron al congreso, van a contar con todas las herramientas que necesitan para reprimir sin trabas y avalados por la ley. Una ley que viola la constitución nacional, vulnera el estado de derecho y empieza a cavar la tumba de nuestra joven democracia. Buscan callar y amedrentar. Y al que no le guste, marche preso. O peor. Michel Foucault, un poroto.