Javier Milei y la destrucción de las políticas de género

Carolina Flores

En recientes declaraciones el presidente Javier Milei volvió a reivindicar la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros, y Diversidad. En el Congreso de Inversiones Inmobiliarias afirmó que estaba orgulloso de haber tomado esa medida. En este artículo Carolina Flores relata y analiza, en primera persona, la campaña de hostigamiento a las políticas de género que concluyeron en el cierre de este ministerio.

Viernes 30 de junio de 2024. Es la segunda vez, en menos de tres meses, que somos informadas de que “en el transcurso del día” recibiremos una comunicación oficial que nos informará de la continuidad, o no, de nuestras contrataciones. A las 11.30 hs., luego de una reunión breve en la que una directora nos lee un correo electrónico enviado por el área de recursos humanos, tenemos en claro que esa es toda la información que recibiremos. Las funcionarias de cargos medios que quedaron a cargo de la “transición”, nos expresan su cansancio y su deseo de renunciar. 

Unos meses antes de esto, durante la campaña presidencial de 2023, Javier Milei impulsó el cuestionamiento de las políticas de género al centro del debate público. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue el objeto principal de su campaña de desinformación y desprestigio. Milei ganó las elecciones y tras seis meses de gestión, en junio de 2024 el gobierno de La Libertad Avanza desmanteló por completo las políticas de género del estado nacional y eliminó del mapa la existencia del principal organismo encargado de su implementación, cumpliendo así una de sus proclamadas promesas de campaña. 

Es necesario comprender la trascendencia de estas medidas y reconstruir el contexto histórico y político en el que esto ocurrió. Pero sobre todo ¿qué narraciones posibles se desprenden de esta experiencia? 

Un poco de historización

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 representó la jerarquización del organismo encargado de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de género, igualdad y diversidad en nuestro país. Sus funciones principales fueron de erradicar y reparar la violencia por razones de género, garantizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado, desarrollar acciones tendientes al cumplimiento del amplio plexo normativo que garantiza derechos de mujeres y diversidades y sistematizar la información estadística en materia de violencia y desigualdad de género. La creación del Ministerio se inscribe en una larga historia de institucionalización de las políticas de género que encuentra sus primeros antecedentes con el retorno de la democracia y la creación de la Subsecretaría de la Mujer en 1987. Si bien los organismos encargados del diseño e implementación de estas políticas –también conocidos como mecanismos de adelanto de la mujer–tuvieron cambios, la existencia de un área específica se sostuvo frente a los avatares de la política nacional. Cambió su denominación, su asignación presupuestaria, su dotación, las líneas de acción, pero siempre se mantuvo a través de gobiernos de distintos signos políticos. 

La existencia de un área que se dedique a las políticas de género dentro del mapa estatal se fundamenta en las obligaciones asumidas por nuestro país a través de normas nacionales e internacionales. Entre las normas nacionales se incluyen: la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”; la Ley 26.743 de “Identidad de género” y la Ley 27.499 “Ley Micaela”, por nombrar algunas. Entre las normas internacionales: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por Argentina en el 1985; y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, proclamada en 1994, aprobada por nuestro país en el 1996. 

Recordemos que los organismos encargados de las políticas de género no siempre tuvieron un lugar protagónico en las campañas políticas, ni fueron objeto de mayor interés por los gobiernos nacionales. Lo que modificó este contexto fue el auge de los movimientos de mujeres y diversidades sexuales, fundamentalmente contra las violencias de género y por la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Tres oleadas masivas ocuparon el espacio público y mediático: “Ni Una Menos” desde el 3 de junio de 2015, los paros internacionales de mujeres los 8 de marzo que se sucedieron desde 2016 y la denominada “marea verde”, desde 2018, en apoyo a la demanda por la legalización del aborto, conquistado en diciembre de 2020 con la aprobación de la Ley 27.610. 

Las nuevas generaciones que se incorporaron a la vida política desde 2015 lo hicieron en un contexto en el que “ser feminista”, a diferencia de décadas anteriores, se convirtió en una posición que dejaba de ser extraña. La lucha contra las violencias de género y el derecho al aborto, eran dos de los ejes centrales, pero no los únicos. Se ampliaron las demandas a otros aspectos de las relaciones y de la vida cotidiana. Esto es porque el desarrollo de una mirada o perspectiva de género introduce el cuestionamiento de las relaciones y las desigualdades de poder, los estereotipos, las masculinidades, la sexualidad, la identidad, etc. Temas complejos de tratar pero que en esos años permearon tanto en la mesa familiar como en la política partidaria.  

Las políticas de género no son exclusivas de un gobierno. De hecho, provincias y municipios de diverso tinte político también cuentan con áreas de gobierno específicas dedicadas a la atención de violencias de género, promoción de políticas de equidad, consultorías de salud sexual y reproductiva, etc. Cada uno de estos espacios fueron logrados al calor de las demandas callejeras a lo largo y ancho del país. Con mayor o menor alcance y jerarquía, y posiblemente con muchas críticas y aspectos que mejorar, fueron política de estado durante casi 40 años. Esto es porque es necesario que un área sea responsable de la implementación de las leyes y planifique políticas públicas que se ocupen de estas temáticas.

Mientras tanto…

En paralelo a los años de auge de los feminismos, y pandemia mediante, se radicalizaron los posicionamientos abiertamente antifeministas. Milei y su virulenta nueva militancia libertaria desarrollaron en las redes sociales una fuerte propaganda de odio al feminismo junto a su desprecio por el estado y los partidos políticos democráticos. Con la llegada de Milei al gobierno nacional, en diciembre de 2023, se inició un proceso de transformación del estado signado por el desmantelamiento y desfinanciamiento de distintas políticas públicas. A la vez Milei combina una política económica que responde a ideales liberal libertarios y una política conservadora y antifeminista cuando se refiere a temas de género y sexualidad. Basta releer o escuchar el discurso que brindó en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos para trazar un perfil de su posicionamiento ideológico que, entre otras cosas, niega la existencia de las desigualdades, la violencia de género y la necesidad de que el estado interceda frente a cualquier aspecto de las relaciones sociales.

Tanto durante la campaña presidencial de LLA como una vez asumida la presidencia, además de agredir a activistas, periodistas y figuras públicas vinculadas a las reivindicaciones feministas, Milei se enfocó en desprestigiar a las trabajadoras y funcionarias que formaban parte del ministerio, muchas de ellas con años de antigüedad y expertas en la temática, y en desinformar con respecto a las políticas de género que se habían implementado. Tal como sostiene Leticia Smal, en un informe reciente, en los medios de comunicación y redes sociales se viralizó la “desinformación de género”.

La necesidad de un ministerio o un área de género puede cuestionarse si el umbral del debate consiste en mejorar las políticas y que las mismas tengan un impacto real en la vida de las personas. Pero si realmente se quisiera dar una discusión seria sobre esto, se debería dar un debate político y académico profundo y honesto en torno a las estrategias de acción estatales contra las violencias y para la igualdad de género, con abordajes comparativos, transnacionales y locales y reconocer la existencia de un saber sistemático sobre estos asuntos

Pero nadie de LLA aportó proyectos de políticas públicas para reducir los feminicidios o mejorar la vida de las mujeres y diversidades sexuales. A contramano del amplio plexo normativo existente en nuestro país. Simplemente no creen en que exista la violencia de género, no creen que las mujeres deban tener derecho a decidir sobre sus cuerpos, ni que el estado deba tener la responsabilidad de garantizar vidas libres y sin discriminación. 

Pese a que vivimos en un país en el que cada 35 horas se produce un feminicidio y donde durante el último año 272 personas murieron víctimas de violencia de género, no contamos con Plan de Acción contra las violencias, no se está implementando la Ley Micaela, no se está implementando ninguna campaña de prevención.  En la línea #144 de asesoramiento en caso de violencia de género hay guardias con tres operadoras que no dan abasto para responder la demanda. 

En primera persona

Miro a mi alrededor, nos encontramos en la sala de reuniones trabajadoras y trabajadores con más de diez años de antigüedad en la administración pública nacional, otras con menos tiempo, algunas pocas de planta permanente, otras son “monotributistas”, ninguna tiene certezas de continuar trabajando en la Subsecretaria. Las miradas son de cansancio y hastío por el maltrato y la incertidumbre. Las preguntas se repiten sin respuesta: ¿con qué criterios se harán los despidos? ¿Se confeccionó alguna lista? ¿Se valorará la antigüedad? ¿En qué influye que los últimos meses hubiéramos asumido nuevas tareas? ¿Quién nos está auditando? 

Las trabajadoras del Ministerio, además de estar en vilo frente a las amenazas contra nuestra fuente de trabajo, transitamos un derrotero de paulatino desgaste y violencia laboral. Cabe aclarar que la modalidad de contratación de la dotación del Ministerio es diversa y precaria, como en toda la Administración Pública Nacional. 

Según el informe presentado por la junta interna de ATE en la Comisión de Mujeres y diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 11 de junio 2024, el Ministerio contaba a diciembre del 2023 con una planta de casi 1300 trabajadoras y trabajadores distribuidos en todo el territorio. En junio quedaron alrededor de 630, es decir, el 50% de la planta en menos de 6 meses. 

De esas 630 personas que conformaban la dotación total, 90 tenían contratos tercerizados mediante la OEI –son aquellos que son producto de contratos y convenios se hicieron con la Organización de Estados Iberoamericanos–. Otros 100 eran contratos monotributistas, bajo la modalidad 1109, 423 personas estaban contratadas mediante la modalidad SINEP, establecida en el artículo 9 del anexo a la Ley de Empleo público. Tan solo 17 personas se encuentran en planta permanente que accedieron a concursar sus puestos, muchas de ellas pertenecen a los organismos que antecedieron a la creación del Ministerio.

Son las 14:00 hs.  Vuelvo a la oficina después de tomar un poco de aire. Hay silencio, cada una está mirando su pantalla. En breve cortaremos para almorzar. Suena un teléfono y alguien contesta: “Hola, no, no tengo novedades, hay que esperar”, se oye.  Luego comienza el llanto. Se calma. Trata de tranquilizar a la persona del otro lado de la línea: “Ya sé, voy a conseguir otra cosa”, “voy a estar bien”. Corta la llamada y se hace imposible no intentar contenerla. Seguimos conversando entre nosotras: “Es muy difícil explicarle a alguien que no está acá lo que estamos atravesando”, “Siento bronca, indignación”, “Se está destruyendo todo y no podemos hacer nada”, “Esto siempre fue más que un trabajo para mí”, son las frases que resuenan en la oficina.

Tras el triunfo de Milei en el balotaje a finales de noviembre se sucedieron dos amenazas de bomba a la sede ubicada en el barrio de Monserrat que provocaban temor al momento de ingresar y salir de los edificios. Otro factor que generó preocupación e incertidumbre fue la ausencia de representantes de la nueva gestión que se hicieran cargo de la transición –como habitualmente se hace frente a un cambio de gobierno. Lo que provocaba también el completo desconocimiento de lo que ocurriría en las semanas siguientes. 

Después de la asunción de Milei se publicó el nuevo diseño institucional donde se confirmaba que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad era eliminado y sus funciones absorbidas por el Ministerio de Capital Humano que aglutina a los ex ministerios de Desarrollo, Educación, Trabajo y Cultura. En ese marco, la amenaza de despidos estaba latente. Cerca del 20 de diciembre se anunció la renovación de los contratos por tres meses. Fueron exceptuadas las trabajadoras que habían sido contratadas en el 2023, bajo el pretexto de ser sospechadas de haber sido ingresadas como “ñoquis”. Esa fue la primera ola de despidos.   El organismo permaneció sin designación de autoridad hasta fines de febrero. Finalizando febrero, las funciones y la dotación se traspasaron a Subsecretaría de Protección contra las violencias a cargo de la abogada Claudia Barcia.  Entre febrero y marzo por decisión de la gestión entrante se dejó de contar con tres de sus sedes. Por lo que a partir de entonces se establecieron esquemas de rotación para que la dotación pudiera contar con un esquema mixto de presencialidad y trabajo remoto, en las sedes que quedaron disponibles.

En marzo de 2024 ocurrió una segunda tanda de despidos en medio de un clima enrarecido ya que públicamente Milei había prometido un achicamiento mayor al que finalmente ocurrió. En esta oportunidad alcanzó a 7 mil trabajadores del Estado nacional de los cuales 150 pertenecían al ex Ministerio de las Mujeres. 

En el plazo que abarca de marzo a junio se realizaron asambleas y se intentaron articular demandas con otros sindicatos que se hallaban en condiciones similares. Sin embargo, no fue posible consolidar ni unificar las demandas. Se hizo un “ruidazo”, una radio abierta, acciones simbólicas que no lograron mayores efectos. Paralelamente, en algunas áreas se empezó a trabajar en la adecuación de las políticas a la nueva situación como las capacitaciones en Ley Micaela que llegaron a contar con más de 300 inscriptos. 

Se terminó el día. No recibimos ninguna comunicación, por un momento, parece que zafamos. Tomo el subte, son las 18 hs, llego a la estación de trenes y mientras espero reviso el celular. Empiezan a caer mensajes en el grupo de WhatsApp, uno tras de otro, “¿Te llegó?”. “Me llegó”. “Me llegó”. “Me llegó”. Ingreso a mi correo, me pongo nerviosa porque no tengo internet. Recibo un mensaje de audio. “Están llegando los correos, revisen el mail y, por favor, avisen a la delegada que está organizando la información”. Logro ingresar a mi correo oficial y veo la notificación: Me echaron. Al día siguiente me entero de que fueron echadas todas las trabajadoras del área en la que me desempeñaba.