Economía política de la medicina argentina post pandemia

Por Oscar Trotta
Médico pediatra, sanitarista, ex director del Garrrahan, directivo del Hospital “Rene Favaloro” de la Matanza y docente universitario.
En tiempos donde se habla de la libertad como un valor absoluto aplicado a la economía, no viene mal recordar y ejemplificar que los mercados de competencia no existen y que la tan mentada libertad, cuando no está presente el Estado para amortiguar las asimetrías, es libertad del más fuerte de someter a los demás a sus propias reglas. La salud es una clara muestra de esto.
Desde la semana pasada, cuando el ministro Sergio Massa anunció su paquete de medidas para compensar las consecuencias de la devaluación impuesta por el FMI, que incluye un congelamiento de tarifas de medicina prepaga, la discusión ocupó el centro de la agenda: aumentos sí, aumentos no, como si un tema tan complejo pudiera reducirse a esa única variable.
El mundo post pandémico, contra lo que algunos cientistas sociales predecían, se ha vuelto más desigual, con corporaciones más voraces, estados más impotentes y ciudadanos más indefensos.
En la salud, esto se ve claramente. En un país imaginario, con inflación cero, los costos de la salud aumentarían cada año entre cinco y diez puntos, por la incidencia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que son un eufemismo para nombrar a los laboratorios. Directivos de prepagas y obras sociales coinciden en que la incidencia del gasto en medicamentos en la estructura de costos, desde 2021 a la fecha, se duplicó.
¿Todos los laboratorios? ¿Todos los medicamentos? No. En especial los que tratan las denominadas enfermedades poco frecuentes (EPF) o de baja prevalencia. Su costo es un secreto mejor guardado que la fórmula de la Coca Cola. Pero su precio varía mucho según quién lo demande. En Argentina, por ejemplo, hay drogas paliativas para la atrofia muscular espinal (AME), que llegan a los dos millones de dólares.
Nada indica que los laboratorios, en este caso grandes corporaciones extranjeras, blindadas con millonarios presupuestos de publicidad y relaciones públicas y apoyadas por sus respectivas embajadas, se vayan a contener o autorregular. De manera que, de mantenerse esta tendencia, prepagas y entidades de la seguridad social verán peligrar su continuidad en unos años. La industria farmacéutica es, a nivel global, la segunda en facturación, sólo superada por la armamentista. En muchos casos, cuentan entre sus accionistas a fondos buitres, como es el caso de Blackrock y Pfizer.
Hasta acá, la respuesta ha sido aumentar las cuotas, porque el poder de lobby de las empresas es mucho menor al de los laboratorios, pero mayor que el de los consumidores, atomizados y sin bien sustituto al cual recurrir. Pero esas cuotas y aportes provienen de ingresos fijos, en pesos, golpeados por la inflación, de manera que el recurso tiene un límite.
Los problemas de economía política requieren soluciones de economía política. Desde la década de 1990, prepagas y obras sociales sindicales alternan cooperación, cuando desregulan y convenian, y competencia y recelo, por la atención de los trabajadores de mayores recursos. Tienen problemas comunes. Una estrategia conjunta reduciría la desventaja actual:nada nuevo, unidos o dominados. ¿Reaccionarán a tiempo? La voracidad de estos actores, ¿se resuelve con mayor o menor intervención gubernamental? ¿Hay ejemplos exitosos a nivel internacional?
La administración de salud es, por definición, la administración de la escasez. Los recursos que explícitamente se brindan a un paciente -por decisión judicial, lobby mediático o combinación de ambos-, son los que implícitamente se le niegan a otro, porque ya no estarán disponibles mañana. Por temor a tan poderosas corporaciones o sesgo ideológico, nada de esto aparece en la discusión pública de la última semana.
Esta es, no sólo la contracara, sino en buena medida la explicación de la tan mentada falta de profesionales y turnos en el sistema privado. Los costos en dólares -que los laboratorios extranjeros giran a sus casas matrices-, presionan contra los costos en pesos, como honorarios profesionales y salarios del personal administrativo.
La medicina privada tiene un problema político adicional. Se trata de su vocero, el presidente de la Unión Argentina de Salud y titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. Es difícil creer los vaticinios apocalípticos, cuando se vienen repitiendo desde hace décadas, y más cuando provienen de un empresario exitoso, que ha diversificado sus posiciones, incluyendo negocios financieros y hasta medios de comunicación. Su estilo resulta irritante, hasta para la clase media que contrata sus servicios.
Belocopitt firmó el acuerdo planteado por Massa, pero enseguida salió a criticar el acuerdo en los medios. ¿Para la tribuna? ¿Como el escorpión de la fábula? El sector no se caracteriza por una gran sofisticación a la hora de analizar la política y defender sus intereses. Ninguno mencionó que ocurriría con esto en un potencial gobierno de Milei.