Graves irregularidades en la investigación del caso $LIBRA: una Comisión Warren a la argentina
Por Santiago Lopez Weis
En 1963, la llamada “Comisión Warren” tenía como objetivo esclarecer el asesinato de John F. Kennedy, pero su investigación terminó sembrando más dudas que certezas. Sesgada, incompleta y conveniente para el poder, su informe pasó a la historia como parte de una estrategia para justificar la culpabilidad de Lee Harvey Oswald pero con pruebas extrañas, confusas y contradictorias. Hoy, la historia parece repetirse en Argentina con el caso $LIBRA: una investigación anunciada con grandes promesas de transparencia, pero que nace viciada por los mismos conflictos de interés. Con la Oficina Anticorrupción controlada por el propio gobierno y la investigación judicial en manos de fiscales con vínculos políticos, la pregunta no es si se descubrirá la verdad, sino cuánto de ella se decidirá ocultar. Al igual que la Comisión Warren con el asesinato de Kennedy, esta investigación parece estar diseñada más para encubrir que para esclarecer. Vínculos personales, conflictos de interés y bloqueos parlamentarios ponen en duda la imparcialidad del proceso, que podría convertirse en una farsa histórica.
Sobre comisiones, oficinas y fiscales
A través del Decreto Presidencial 114/2025, el gobierno de Javier Milei designó recientemente a la Oficina Anticorrupción (OA) para investigar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra directamente al presidente y a su hermana Karina. Sin embargo, esta decisión ha generado serios cuestionamientos sobre la independencia y transparencia del proceso. La OA, que debería funcionar como un organismo autónomo para investigar la corrupción en el gobierno, está actualmente conformada por funcionarios designados por la propia administración de Milei o por aliados políticos afines. Alejandro Melik, un exsocio del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, es quién está a cargo de la Oficina Anticorrupción. Melik ha trabajado estrechamente con Cúneo Libarona en el pasado, lo que genera serias sospechas sobre la posibilidad de que la OA actúe con independencia en este caso.
Además de las dudas sobre la OA, otro aspecto preocupante es la designación del fiscal Eduardo Taiano como responsable de la investigación judicial del caso $LIBRA. La independencia del fiscal ha sido puesta en entredicho debido a los vínculos de su hijo con el actual gobierno. Federico Nicolás Taiano, hijo del fiscal, fue nombrado en 2024 por el gobierno de Milei como titular de la Unidad Bienes Decomisados, un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete. Este nombramiento, sumado a su pasado como funcionario durante la gestión de Cambiemos, refuerza las sospechas de que el fiscal podría no actuar con total independencia en esta causa.
La relación de la familia Taiano con sectores del oficialismo no es menor si se tiene en cuenta el historial del fiscal en causas políticamente sensibles. Eduardo Taiano fue responsable de impulsar el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de dólar futuro, un caso que la Corte Suprema terminó desestimando por inexistencia de delito.
El contexto político también agrava las dudas sobre la investigación. Mientras sectores opositores impulsaban la creación de una comisión investigadora en el senado, pero el giro de seis senadores radicales, entre ellos el jefe de bloque, Eduardo Vischi, fue determinante para que el oficialismo consiguiera bloquear la comisión investigadora. El caso del correntino fue por demás extraño, porque había firmado el proyecto, incluso apoyó el tratamiento, pero luego lo votó en contra.
La comisión Warren: la historia se repite como comedia
La situación recuerda inevitablemente a la Comisión Warren, encargada de investigar el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Presidida por el juez Earl Warren, esta comisión fue creada con la promesa de esclarecer los hechos y disipar las dudas en torno al magnicidio. Sin embargo, con el tiempo se demostró que la investigación fue parcial, omitió pruebas clave y llegó a conclusiones que hoy son ampliamente cuestionadas.
Dentro del círculo de sospechosos y figuras intrigantes que rodearon la investigación, uno de los nombres más llamativos fue el de David Ferrie, un hombre de aspecto excéntrico que usaba una peluca y se teñía las cejas. Parecía sacado de un guion de ficción, al igual que algunos mandatarios actuales cuya cabellera voluminosa y retórica estridente se han convertido en parte de su marca personal, lo que alimentó aún más las teorías conspirativas sobre su posible implicación en el asesinato de Kennedy.
Nacido en 1918 y fallecido en 1967, Ferrie era un excéntrico piloto y exmiembro de la Civil Air Patrol, con vínculos con exiliados anticastristas cubanos, la CIA y la mafia. Su nombre cobró notoriedad cuando el fiscal Jim Garrison lo investigó en el marco de su hipótesis sobre una conspiración más amplia detrás del magnicidio de Kennedy. Usaba una peluca y se teñía las cejas. Este rasgo físico, sumado a su comportamiento errático y su historial de relaciones con figuras clave de la política y el crimen organizado, lo convirtió en una figura recurrente en teorías sobre el asesinato de Kennedy. Garrison sospechaba que Ferrie había participado en el entrenamiento de los presuntos conspiradores del asesinato de Kennedy y que estaba vinculado a Clay Shaw, un empresario acusado por Garrison de ser parte del complot. Sin embargo, Ferrie murió en circunstancias sospechosas en 1967, poco después de que se hiciera pública la investigación de Garrison, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su papel en el magnicidio.
Uno de los principales problemas de la Comisión Warren fue que su investigación se basó en pruebas seleccionadas, descartando testigos y evidencias que sugerían la existencia de una conspiración más amplia. En particular, se ignoraron testimonios de personas que aseguraban haber escuchado disparos desde diferentes direcciones y se descartaron evidencias que no encajaban con la versión oficial. La investigación termino en manos de algunos de los principales sospechosos. Por dar un ejemplo, Allen Dulles, quien fuera el jefe de la CIA por más de 8 años, fue destituido de su cargo por Kennedy y luego lideró esta comisión encargada de investigar su asesinato.
Las dudas sobre la veracidad del informe Warren se confirmaron en 1979, cuando el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos (HSCA) concluyó que existía alta probabilidad de conspiración en el asesinato de Kennedy. Basándose en análisis acústicos y nuevas pruebas forenses, el HSCA determinó que al menos un segundo tirador pudo haber participado en el crimen, echando por tierra la versión de un solo asesino presentada por la Comisión Warren.
Además, el HSCA denunció que organismos como el FBI y la CIA ocultaron información crucial que podría haber cambiado el curso de la investigación original. También se demostró que el Servicio Secreto no cumplió con los protocolos de seguridad adecuados el día del asesinato, dejando expuesto a Kennedy a un ataque planeado con anticipación.
La Comisión Warren terminó funcionando como una herramienta del poder para cerrar rápidamente un caso que podía incomodar a sectores políticos y de inteligencia. En ese sentido, la investigación sobre el caso $LIBRA corre el riesgo de convertirse en una versión moderna de esta situación, donde una comisión de investigación controlada por el oficialismo podría ocuparse de encubrir más que buscar esclarecer. La historia ha demostrado que cuando el poder investiga al propio poder, la verdad suele ser la primera víctima.
