Avellaneda: los municipales derrotan al gobierno y recuperan el control de su obra social
La Superintendencia de Servicios de Salud dio marcha atrás, levantó la sanción y reconoció la plena vigencia de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA). Su secretario general, Hernán Doval, festejó la resolución.
Acorralado por los sucesivos reveses en la Justicia Federal, la Superintendencia de servicios de Salud de la Nación (SSS) se vio obligada a dar marcha atrás con la arbitraria clausura de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA).
El organismo debió dictar una nueva resolución que deja sin efecto la escandalosa «baja» que había intentado imponer un año y medio atrás, restituyendo así el pleno funcionamiento de la entidad solidaria y garantizando la cobertura ininterrumpida de sus casi 5.000 afiliados.
El conflicto se había originado en junio de 2025, cuando la SSS, en el marco de una política gubernamental orientada a «depurar» y estigmatizar el sistema solidario de salud bajo el pretexto de perseguir «sellos de goma», dictó la Resolución 1092/2025. Entonces, con fundamentos absolutamente endebles, datos contables desactualizados y en flagrante violación al derecho de defensa, la Superintendencia ordenó intempestivamente el cierre y liquidación de la OSPMA.
La medida, de inusitada gravedad institucional, no solo ignoró que la obra social presentaba regularmente sus estados contables, sino que puso en serio riesgo de vida a cientos de afiliados que se encontraban transitando complejos y costosos tratamientos por enfermedades oncológicas, de diálisis o trasplantes.
Los afiliados reaccionaron rápidamente, con un multitudinario abrazo solidario. Su presidente, Hernán Doval, politólogo y diputado MC, se puso al frente de la estrategia judicial y política para sostener la OSPMA, ante el Juzgado Federal de Quilmes.
La Justicia frenó rápidamente el accionar del Gobierno: a los pocos días dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la nefasta resolución, privilegiando el derecho a la vida y la tutela efectiva de la salud de los trabajadores municipales y sus familias.
La SSS apeló sistemáticamente cada una de las cuatro prórrogas de la cautelar, recibiendo en todas las instancias un contundente rechazo por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que ratificó la protección de los afiliados frente a los excesos de la burocracia estatal.
El descalabro técnico y procedimental del Gobierno quedó expuesto durante el juicio, donde los propios informes requeridos por la Superintendencia terminaron demostrando que la OSPMA cumplía íntegramente con la normativa de repago y no presentaba riesgo financiero alguno.
Así, para evitar otro revés judicial y un papelón mayor, mediante la reciente Resolución 952/2026, la SSS claudicó definitivamente. Revocó su propia decisión de dar de baja a la entidad, dio por superada la supuesta «situación de crisis» y dejó formalmente sin efecto el intento de liquidación, ordenando notificar su arrepentimiento al Juzgado Federal.
La sucesión de Superintendentes es un elemento que da cuenta de las dificultades de la gestión libertaria para relacionarse con el sistema de la seguridad social, un área sensible. Primero fue Enrique Chiantore, que a los pocos meses fue reemplazado por el ex OSDE Gabriel Oriolo. Este fue quien firmó la mayor cantidad de intervenciones. A mediados del año pasado tomó su lugar Claudio Stivelman y ahora Horacio Guevara.
Festival de intervenciones
El ataque a la OSPMA no fue una excepción: entre 2024 y 2025, la SSS ordenó, entre otras, la intervención de las obras sociales de Ladrilleros, Vareadores, Mosaistas y Fosforeros, entre otros. Sin embargo, la más resonada fue la de UATRE, OSPRERA, que aún continúa. Ocurre que UATRE tiene una cantidad de afiliados mucho más significativa y los recursos que maneja van en proporción.
El “festival de intervenciones” fue motivo de reclamos de todo tipo e incluso de internas en el gobierno, ya que los interventores solían responder a los Menem, cercanos a Karina Milei. Las intervenciones no se dirigían a obras sociales quebradas o deficitarias sino a aquellas que contaban con recursos en la caja. El manejo de OSPRERA es aún hoy muy discutido, al punto de existir denuncias de vaciamiento y administración fraudulenta. En sus dos años, generó una pérdida de afiliados superior al quince por ciento.
Nada de eso ocurrió en la OSPMA, ya que sus autoridades continuaron gestionando en base a un recurso de amparo, vigente hasta ahora, que con el retiro de la demanda queda resuelta la cuestión de fondo.