Un millón de efectivos esperan respuesta
Causas profundas de la crisis policial santafesina. El número surge de la sumatoria de fuerzas federales, provinciales y servicios penitenciarios.
Por Gonzalo Ruanova (*)
Para comprender las turbulencias circunstanciales de Santa Fe y los riesgos de “contagio” a otras jurisdicciones, hay que entender el fenómeno estructural. Como cualquier profesión, ser policía es una elección. Tiene muchas motivaciones y razones y una muy extendida -quizá más de lo que muchos imaginan- es la posibilidad de tener un salario y una obra social.
Los mecanismos de selección del personal de fuerzas federales y provinciales reflejan que, para la mayor parte de esos ciudadanos, la vocación por la ley y el bien común está subordinada a la necesidad de un horizonte de estabilidad y bienestar. Eligen una profesión pensada para darle seguridad a la sociedad y ellos buscan, con derecho, otras seguridades: un trabajo estable, con ingresos y prestaciones sociales y de salud que alcancen también a su familia.
Aquí aparece un primer problema. Las autoridades políticas a cargo de Seguridad están lejos de los temas operativos. Delegan en los mandos policiales la selección, formación y conducción, en lugar de modernizar los centros de formación con una mirada ágil. Ocurre en las provincias y también en las fuerzas federales. El resultado es endogamia y transmisión de una cultura de trabajo que no siempre se ajusta al objeto de la seguridad pública.
En la actualidad, un policía ingresante a una fuerza recibe un salario promedio de unos 800 mil pesos. Entonces, un policía requiere de otro ingreso adicional para cubrir sus necesidades básicas. Basta mirar las estadísticas de policías (y militares) que manejan autos de aplicación, hacen deliverys por plataformas, o tienen estados de whatsapp llenos de ofertas de venta de ollas, sartenes, cremas y cosméticos.
Esta precariedad económica se agrava con la escala salarial de los últimos dos años, que tuvo actualizaciones menores a la inflación. Genera un estado de malestar, agravado por la situación de la obra social, que cortó y redujo prestaciones.
Anuncios sin contenido
Las políticas de seguridad actuales se reducen a anuncios rimbombantes e imposibles de cumplir, como el «FBI argentino», con autos repintados y de gomas lisas o la promesa de «derribar aviones narcos con misiles». Pero cuando el efecto taquillero pasa, dejan problemas concretos: salarios deteriorados, equipamiento deficiente, capacitación escasa, cobertura médica en crisis y una carrera profesional sin ascensos, premios ni castigos.
El resultado son policías mal pagos, sin helicópteros, drones, transportes y sin renovación de medios, incluidas motos y patrulleros. El decorado del show mediático se cae cuando los reclamos toman estado público, como ahora en Santa Fe. Hoy se escuchan, por lo bajo —o no tanto, como ocurrió la semana pasada con un policía que se esposó en la Casa Rosada, y este martes en Santa Fe— reclamos que tienen que ver con el salario, la obra social, el equipamiento, las horas extras, los descansos, viáticos y la carrera profesional.
Es imprescindible debatir con la seriedad que requiere el tema y la sinceridad para aceptar la nueva etapa. Ser policía es un trabajo. Tiene muchas responsabilidades delegadas y debe tener garantizados sus derechos, para luego poder exigirle un cumplimiento de la tarea que nos dé tranquilidad y seguridad.
Construir orden es un valor profundamente democrático, porque el desorden lo sufren los que menos tienen: los que no pueden pagar seguridad privada, cámaras, alarmas o vivir en barrios privados. El orden democrático implica asumir la responsabilidad de ejercer el uso de la fuerza legal que tiene el Estado.
El actual malestar policial surge en un contexto de confusión y ruido ne el canal de conexión de los empleados policiales, trabajadores estatales, sus mandos y las autoridades políticas. Más allá de la protesta inédita —que ojalá no derive en conmoción—, hay que entender qué lanzó a los agentes a organizarse de un modo que no se había visto antes. Ese nivel de coordinación es un dato revelador: algo los unió.
El disparador concreto fue el anuncio de un supuesto aumento salarial, que en realidad resultó ser un incremento parcial, no remunerativo, acompañado del alza en el costo de los servicios adicionales (horas extras que pagan quienes las contratan), un costo que finalmente termina trasladándose al sector privado.
Adicionales
Sin embargo, sería ingenuo pensar que los servicios adicionales representan el verdadero ingreso del policía de base. En la práctica, el privado suele pagar por fuera, de manera directa al comisario o a la jefatura. Los adicionales oficiales funcionan, en el mejor de los casos, como un justificativo administrativo para una actividad que responde a otras lógicas. Nadie, voluntariamente, realizaría esos servicios por el valor oficial que se les asigna; detrás de esa estructura existe un sistema de incentivos paralelo y extraoficial que sostiene —y distorsiona— la función policial en el territorio.
Las autoridades de Santa Fe creyeron que con gestos iban a dar respuesta a los reclamos de un frente interno que estalló como olla a presión. Midieron mal.
Una política de seguridad moderna requiere formar a las policías de manera adecuada y equiparlas con los medios necesarios para su tarea. Implica proponerles una carrera profesional que tenga incentivos (económicos y de formación) para que quien trabaja bien pueda obtener un ascenso. Requiere estar en el territorio para entender dónde trabajan y en qué condiciones, y proporcionar un sistema de apoyo profesional interdisciplinario para contener a quienes tienen que intervenir en situaciones de uso de armas.
Todo eso exige un claro compromiso de las autoridades políticas para premiar a los miles de policías que trabajan bien y son fundamentales para prevenir y cuidar a millones de argentinos. Ser policía es un trabajo. Ser ministro de Seguridad también.
(*) ex Subsecretario de Seguridad Interior. Legislador Porteño MC.
